Junto a la solicitud se va a acompañar una declaración responsable suscrita por la persona solicitante sobre si han concurrido o no variaciones en las situaciones económicas y familiares de la unidad de convivencia. Por último, la parte final de este Decreto ley, se completa con una predisposición agregada, una predisposición transitoria, una predisposición derogatoria general, y 2 disposiciones finales, la primera para detallar un período para la implantación eficaz del complemento fijo para hijos a cargo, y la segunda, para fijar su entrada en vigor el mismo día de su publicación. Sin embargo, la situación de hoy de crisis social y económica provocada por la pandemia de COVID-19 y los retrasos expertos en la tramitación, concesión y abono del IMV por la parte de la Administración de la Seguridad Social, tal como el prominente número de denegaciones, dejan a la gente solicitantes y perceptoras de la PCI que hayan pedido el IMV en una situación de incertidumbre y, además de esto, de desamparo ante el riesgo de pérdida de la PCI.
No obstante, uno de los problemas del IMV es que, a pesar de que sus cuantías son mayores que la PCI, por ahora solo tiene presente las rentas del año previo; una situación que deja en desamparo a las personas a las que la pandemia empeoró su economía. Por este motivo, las necesidades de la PCI y de solicitudes resueltas no han parado de incrementarse a lo largo de todo el verano de 2020. Entre junio y julio del año pasado, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud activó 1.376 nuevas altas, una cifra que ha continuado en incremento en el mes de agosto, con 263 novedosas solicitudes dadas de alta. De las 5.687 entidades de convivencia a las que llegaba la prestación el año pasado, ahora llega a 8.184 familias.
Se debe a las modificaciones en la Prestación Canaria de Inserción, que fueron 4 durante estos un par de años de gobierno. La Prestación Canaria de Inserción, a su vez, cuenta este año con una partida presupuestaria de 66,5 millones de euros, tras ejecutar 36 millones en 2019, 42 en 2020 y 51 en 2021. Además de esto, ha aumentado la partida que se le entrega a los municipios para dotar de personal las áreas municipales destinadas a este objeto. Corresponde a la gente sucesos de las Consejerías competentes en las materias de derechos y políticas sociales, de agricultura y de vivienda, dictar respectivamente las resoluciones e instrucciones interpretativas que, en las esferas específicas de su actuación, sean primordiales para garantizar la eficacia de lo dispuesto en este Decreto ley. Solo se abonará una prestación por unidad de convivencia, sin perjuicio del abono de la prestación excepcional prevista en el Capítulo III de este Decreto ley.
Solo Cinco De Cada Cien Canarios En Riesgo De Pobreza Cobran La Ayuda De Inserción
El aumento de las cuantías del PCI se suman a las medidas impulsadas por Derechos Sociales con la intención de apoyar a las personas y familias en situación de exclusión o de puerta de inseguridad social en las Islas así como para mitigar los efectos del Covid-19 en Canarias. La incorporación de 800 altas a la nómina de la Prestación Canaria de Inserción llega, por su parte, pareja al complemento de 50 euros para familias con menores a cargo que se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo al mes de marzo. La utilización residencial asignado a las citadas parcelas, una vez finalizado el montaje de las casas prefabricadas, tendrá carácter temporal por un período máximo de siete años a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto ley y, en cualquier caso, hasta que finalice la etapa de realojo temporal de las familias residentes en dichas casas. Con la intención, pues, de proteger en la medida de lo posible los valores de pertenencia y la red de relaciones de vecindad, la presente norma contempla en la Disposición agregada segunda el realojo temporal de la gente perjudicadas en los términos municipales de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Para ello, frente a la emergencia producida, para el realojo de personas y familias, se emplearán casas prefabricadas con todas las garantías habitacionales, que se situarán en suelos de propiedad municipal de tales Municipios.
Por último, en cuanto a la redacción del presente Decreto ley , y por lo relacionado a las medidas para implementar la igualdad de género, así como las de expresión de género, se dió, pues, cumplimiento, respectivamente, a la Ley 1/2010, de 26 de febrero , Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley 2/2021, de 7 de junio , de igualdad popular y no discriminación con motivo de identidad de género, expresión de género y peculiaridades sexuales. Esta disposición, por tanto, no contempla ni prevé condiciones discriminatorias que supongan encontronazo negativo alguno en la igualdad de género, ni perjudica de forma negativa a la igualdad y no discriminación con motivo de la identidad y expresión de género o de las especificaciones sexuales, con lo que dicho encontronazo en las personas destinatarias de la regla va a ser completamente positivo. El área dirigida por Noemí Santana ha logrado en los dos años de la presente legislatura casi duplicar el número de familias atacables con acceso a esta renta mínima del Gobierno regional, en tanto que en el instante de tomar posesión en el mes de julio de 2019 eran 5.687 las que se favorecían de esta prestación. La modificación de la Ley de la Prestación “con el objetivo de regresar a llevar a cabo beneficiaras a aquellas familias que ya lo fueron en el pasado y que tienen menores a cargo” o la adaptación de la PCI al Ingreso Mínimo Vital , tal como en complemento por menor a cargo de 50 euros mensuales y haciendo que no se computen los capital percibidos por pensiones alimenticias, para la determinación de la cuantía de la PCI, han sido otras de las medidas impulsadas por Derechos Sociales. Las mejora en la prestación, entre aquéllas que se encuentran complementos para familias con hijos a cargo o la extensión del período máximo de un par de años para su percepción que la limitaba, son medidas tomadas por el área de Derechos Sociales para acercar a sus perceptores a la mejor cobertura que les va a ofrecer la Renta Ciudadana. “Estas medidas las hemos tomado mientras que llega nuestro objetivo primordial, que es poner en funcionamiento la Renta Ciudadana.
Canarias
En efecto, frente a la saturación de hoy de los servicios sociales municipales, se está provocando que peticiones se presenten fuera de plazo, lo que ha supuesto la salida del sistema, y en las situaciones de no tener menores a cargo, la imposibilidad de pedir la renovación, por ello, se hace preciso establecer la posibilidad de efectuar la renovación de oficio hasta un par de meses con posterioridad al vencimiento de la prestación mediante un informe social motivado. Es objeto de este Capítulo el establecimiento de una prestación popular finalista y de carácter extraordinario en pos de la gente adjudicatarias de pensiones de jubilación y también invalidez en sus costumbres no contributivas , del Fondo de asistencia social , del Subvención de garantía de ingresos mínimos , concebida como prestación económica para cubrir los gastos sobrevenidos por fundamento del COVID-19, a fin de atender la adquisición de los medios de protección de obligado cumplimiento. En este contexto, la prioridad absoluta, en estos momentos, en materia social reside en resguardar y dar soporte a este colectivo de personas en situación de puerta de inseguridad. A tal fin, se considera preciso la adopción, nuevamente, de esta medida de carácter extraordinario y urgente mediante el establecimiento de una prestación popular puntual de carácter finalista y extraordinaria para la adquisición de material de protección en frente de la COVID-19, tal como a contemplar otras pretensiones básicas relacionadas con esta patología, destinada a quienes perciban en Canarias dichas posibilidades. Esta prestación extraordinaria será diferente de las del Sistema de la Seguridad Popular y de las que pueda otorgar la Administración General del Estado, y va a ser compatible con ellas. La cuantía individual de esta prestación excepcional se fija en un importe equivalente a la misma cuantía de PCI que a la entrada en vigor de este Decreto ley tenga reconocida la unidad de convivencia, introduciendo el complemento por menor a cargo, y que se abonará a través de un pago único, que se efectuará de trabajo por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Variedad y Juventud del Gobierno de Canarias a la gente adjudicatarias a las que tiene relación el producto 15, sin que se precise solicitud de la persona interesada.
Este pago se realizará a través de transferencia bancaria en la cuenta donde la gente adjudicatarias tengan domiciliado el percibo ordinario de su prestación. Es objeto de este Capítulo el lugar de una prestación popular excepcional a favor de las personas sucesos de la Prestación Canaria de Inserción para llevar a cabo frente a los costos generados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El pago se efectuará mediante transferencia en la cuenta en la que las personas adjudicatarias tengan domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. Es una prestación única de carácter extraordinario no consolidable con lo que no supone derecho alguno a seguir percibiéndose en consecutivos años.
Compartir El Producto
En segundo lugar, se da novedosa redacción al artículo 18 de la Ley, que trata de las renovaciones de la PCI. De manera que aparte de la oportunidad de las renovaciones a instancia de parte, en este momento de manera subsidiaria también se van a poder actualizar de trabajo previo informe de los servicios sociales municipales. De manera que si la Administración municipal apreciara que persisten las causas que motivaron su concesión, va a poder, mediante un informe social motivado, ofrecer su renovación por otro intérvalo de tiempo de seis meses, siempre y cuando se acredite que la unidad de convivencia sostiene las mismas circunstancias que motivaron la concesión. Por ello, con las adaptaciones que introduce el presente Decreto ley se sigue garantizando, hasta la entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, la función de la PCI como sistema complementario a quienes no puedan acogerse al IMV y progresando los apoyos que se precisen en los procesos de inclusión social y laboral, facilitando las renovaciones de esta prestación, dando, ya que, una contestación digna a las ocasiones de pobreza, de exclusión social y de desigualdad, garantizando un sistema integral de compromiso pública de apoyo a la inclusión popular en Canarias. De hecho, con esta medida, se implantó un complemento fijo por mes de 50 euros por cada individuo menor de edad integrante de la unidad de convivencia del solicitante de la PCI que se añadía al complemento por mes variable ya que existe. Se trataba de un complemento no consolidable en función de la minoría de edad de las personas integrantes de las familias, que se establecía como medida destinada a combatir contra la pobreza infantil, dado la escasez de la cuantía establecida en la PCI, y frente la carencia de ocasiones laborales en el contexto de la crisis económica dominante derivada de la pandemia.
Para esto, en los terrenos de titularidad pública aptos para el realojo, se suspende la ordenación prevista en los distintos instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, de aplicación en los terrenos donde se ubicarán las viviendas prefabricadas, durante el plazo máximo de siete años; de manera que el presente Decreto ley ampara todas las actuaciones primordiales para el realojo, desde el criterio territorial y urbanístico. Además, los Municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte deberán desarrollar las condiciones de disponibilidad de los terrenos donde se localicen las casas, con plena ocupación, tanto con en comparación con acceso rodado, como a los abastecimientos de energía eléctrica, agua bebible y de saneamiento. Lo pensado en el presente Decreto ley en lo relativo a la implantación del complemento fijo por persona individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta recogido en el producto 9.1 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, en su novedosa redacción, el mismo será de aplicación en el período máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma.
En concreto, se reforma y amolda la Ley de PCI para resguardar a aquellas personas que se logren ver perjudicadas en las renovaciones por la carencia de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la renovaciones de trabajo hasta dos meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiese pedido esa renovación en período. Además, es indispensable que los municipios sigan contando con todo el personal municipal experto en el campo de los servicios sociales designado para hacer las finalidades de la PCI previstas (comprobación de los requisitos, la subsanación de peticiones y la remisión de la documentación aportada por las personas interesadas), así como toda función que implique el seguimiento y desarrollo de las actividades de inserción, por lo que asimismo se modifica el régimen de financiación a los ayuntamientos para garantizar la financiación de la gestión municipal en este campo. Igualmente, se crea un complemento de 50 euros por menor a cargo, designado a resguardar a la niñez como colectivo en especial vulnerable frente ocasiones de carencia de recursos económicos.