En este sentido, la responsable autonómica de Derechos Sociales resaltó el esfuerzo del equipo técnico de la Dirección general “sin cuyo trabajo esta cobertura a las familias más vulnerables de nuestra red social no sería viable”. En cuanto a la financiación, resaltó el esfuerzo del Ejecutivo canario para aumentar las partidas económicas destinadas a la PCI, pasando de 36 millones de euros en 2019 a los 66,5 millones de euros en 2022, cantidad que, anunció, llegará a finales de año a unos 70 millones de ejecución. En todo caso, en esta modalidad de provisión de los servicios sociales se van a deber tomar en consideración los principios de publicidad y transparencia, así como los de igualdad de trato y prohibición de discriminación, con pleno respeto a las reglas de libre competencia y la no app de medidas que sean restrictivas de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de los servicios. Finalmente, en cuanto a la redacción del presente Decreto ley , y por lo relacionado a las medidas para llevar a cabo la igualdad de género, así como las de expresión de género, se ha dado, ya que, cumplimiento, respectivamente, a la Ley 1/2010, de 26 de febrero , Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley 2/2021, de 7 de junio , de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.
Santana detalló cómo se marchan a utilizar esos fondos a fin de que repercutan en la población que mucho más lo precisa en las Islas, incidiendo en que ese ingreso increíble va a ser recibido por los beneficiarios a lo largo del mes de diciembre. “La primordial partida de esos 30 millones de euros, una cantidad de 20 millones, irán directamente al bolsillo de las personas en situación de exclusión que más lo precisan, es decir, aquellas que reciben Pensiones no Contributivas y la Prestación Canaria de Inserción”, expuso. “Además de esto, continuó Santana, se ha constatado la contrariedad de asumir con la velocidad bastante la administración del elevado volumen de solicitudes registradas. Por consiguiente, esta medida contribuirá a mejorar la protección de la gente adjudicatarias de las rentas autonómicas y, al unísono, a hacer más ágil la tramitación del resto de solicitudes”.
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Confírmela en los Boletines oficiales (legislación española), servicios de información de la Administración pública o con su asesor legal. El pago se realiza los primeros días de mes, y se efectúa a mes vencido. Es decir, si conceden la asistencia el día 5 de junio, la parte pertinente a junio se cobra durante los primeros días del mes de julio, y así sucesivamente.
C) Las personas destinatarias de la prestación no pueden ser sucesos y/o beneficiarias de la PCI como integrantes de otro núcleo familiar. A efectos de la determinación de la unidad de convivencia, se aplicarán los criterios que define el artículo 4 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción . Esta web no tiene ninguna relación con las Administraciones Públicas.
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Además de las cuatro modificaciones llevadas a cabo para prosperar las condiciones de la Prestación, esta se ha visto favorecida de un aumento en la partida presupuestaria pertinente, que pasó de 36 millones de euros en 2019 a los 66,5 millones de euros en 2022. El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la ley de renta ciudadana. La concertación en todos y cada caso puede implicar la administración integral o parcial de los servicios y posibilidades contenidos en el catálogo de servicios y prestaciones. Sin embargo lo previsto en el párrafo previo, va a poder regresar a instar la asistencia y concedérsela con posterioridad en caso de que la unidad de convivencia cumpla con todos los requisitos señalados en la Ley de la PCI y su reglamento. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Variedad y Juventud comprobará la suficiencia económica de dichas solicitudes según lo dispuesto en los productos 9 y 10 del Reglamento de la PCI. La Dirección General de Derechos Sociales y también Inmigración procederá a dictar resolución estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad de convivencia.
El 10,55% de los hogares correspondieron a un hogar biparental con hijos. Por este motivo, desde Canarias se pide al resto de CCAA su apoyo a una enmienda, mediante la cual se quiere añadir al artículo legislativo una nueva Predisposición Transitoria que facilite el paso al IMV de las personas que tienen reconocida una prestación de ciertas rentas mínimas de las comunidades autónomas. Las mejora en la prestación, entre aquéllas que se encuentran complementos para familias con hijos a cargo o la extensión del plazo máximo de dos años para su percepción que la limitaba, son medidas tomadas por el área de Derechos Sociales para acercar a sus perceptores a la mejor cobertura que les va a ofrecer la Renta Ciudadana. “Estas medidas las hemos tomado mientras que llega nuestro objetivo fundamental, que es poner en funcionamiento la Renta Ciudadana.
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Será necesario acompañar la petición de la prestación con el DNI o NIE de los miembros de la unidad de convivencia, certificado de empadronamiento, libro de familia, declaración de la renta, vida laboral, tarjeta de demandante de empleo y copia de los extractos bancarios que reflejen el saldo medio de los tres meses anteriores. Santana afirmó que esta partida va a quedar consignada gracias a la llegada de los 30 millones de euros de los fondos de Pelea contra la Pobreza y Posibilidades Básicas de Servicios Sociales. A su vez, resaltó que esta transferencia del Estado llega “por vez primera en una partida única y antes de que concluya el año, en el mes de octubre”.
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A efectos de prueba y registro, la llamada será grabada y se le pedirá a la persona solicitante los datos requeridos en el modelo normalizado a que tiene relación el apartado 1 de este artículo, tal como declaración responsable del entusiasmado o interesada de su identidad, la falta de predisposición de medios electrónicos, la certeza de los datos aportados vía telefónica y el cumplimiento de los requisitos establecidos, para entrar al Ingreso Canario de Emergencia. En el supuesto de que la persona interesada no disponga de los medios electrónicos precisos para efectuar la presentación de la manera prevista en el apartado anterior, podrán administrar, con carácter excepcional, la solicitud de forma telefónica, a través del número de atención a la ciudadanía del Gobierno de Canarias. El ICE se articulará por medio de una prestación económica puntual, que se va a pagar en 2 abonos y cuyos importes sumados serán el semejante a la cantidad establecida en el producto 6 de esta Ley.
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“Hemos logrado lograr la cifra más alta de la historia merced a la dedicación del personal, tanto de la dirección general como de los municipios”, concluyó. Prosperar la cobertura de la Prestación Canaria de Inserción fue uno de los objetivos principales del actual equipo de la Consejería, en tanto que en el mes de julio de 2019 el apunte de adjudicatarios era de 5.687. “Son datos positivos que nos invitan a proseguir haciendo un trabajo en ese camino”, resalta Santana. La consejera regional de Derechos Sociales indicó que “nuestra prioridad siempre ha sido que nuestra ciudadanía avance en derechos.
Canarias exhibe su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital con la intención de facilitar una transición mucho más ágil entre las rentas autonómicas y el IMV. La adhesión a esta propuesta fue comunicada a la asesora de Estado de Inclusión Popular, Milagros Paniagua, en una asamblea celebrada el pasado viernes, 5 de marzo. Podrán subscribir conciertos con las administraciones públicas competentes en temas de servicios sociales de la Red social Autónoma de Canarias todas y cada una las personas físicas o jurídicas de carácter privado, no lucrativo. El importe de esta prestación será el 150% de las cuantías previstas en el artículo 14 de esta Ley, y se van a tener en cuenta las cuantías asignadas por número de personas pertenecientes de la unidad de convivencia para una mensualidad. Hasta el día de hoy, la carencia o insuficiencia de ingresos de la gente en las islas ha sido cubierta por la Prestación Canaria de Inserción , que actúa como última red de protección social cuando se han fatigado otros tipos de prestaciones, sean estas contributivas o no contributivas.
El Título I, destinado al Ingreso Canario de Emergencia, está dividido en 2 episodios, conteniendo el primero la definición y la gente beneficiarias, y el segundo, el régimen económico y la tramitación de los expedientes. En el mismo sentido procedió la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa como entidad arrendadora de los colectivos con menor aptitud económica y de acceso al trabajo, cuales son la gente adjudicatarias de viviendas protegidas, exonerando del pago de la cuota del alquiler a dichas personas adjudicatarias tal y de qué manera se recopila en el Título III de la presente Ley. Tal como establece nuestra Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción , esta ayuda tiene carácter subsidiario, ya que “su otorgamiento va a quedar condicionado a que el peticionario que tenga derecho a alguna de las pensiones mencionadas en el apartado anterior acredite fehacientemente haberlas pedido ante el organismo correspondiente”. Por lo tanto, hablamos de la última red de protección que disponen la gente en Canarias. Por este motivo, se hace necesario dar respuesta a las pretensiones sociales de la gente mucho más débiles económicamente y con mayor necesidad de protección, que deben hacer frente a costos elementales de subsistencia como los derivados de la alimentación, el alojamiento, la higiene, o el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad o de menores de edad en un mismo espacio habitacional.
Igualmente, el Ejecutivo canario, convalidado por el parlamento de Canarias, ha aprobado un suplemento increíble a las personas titulares de la PCI residentes en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte con el objetivo de contribuir a paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica. El incremento de las cuantías del PCI se suman a las medidas impulsadas por Derechos Sociales con el fin de respaldar a la gente y familias en situación de exclusión o de vulnerabilidad popular en las Islas de esta manera para paliar los efectos del Covid-19 en Canarias. La incorporación de 800 altas a la nómina de la Prestación Canaria de Inserción llega, por su parte, pareja al complemento de 50 euros para familias con menores a cargo que se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo al mes de marzo. También, recordó que el Gobierno ahora ha aprobado conceder un nuevo complemento de carácter extraordinario a la gente adjudicatarias de esta ayuda social de 250 euros, así como se realizó en el último mes del año del pasado año. Asimismo, les será de app el régimen de reintegro a esas personas y integrantes de entidades de convivencia a las que se le hubiera reconocido la prestación, acogiéndose al trámite previsto en el artículo 11, si en el referido desarrollo de verificación se comprobara que los requisitos a que se refiere el mencionado artículo 11 no se cumplían por las personas beneficiarias desde el instante inicial de la petición.