La prestación Canaria de Inserción tiene carácter complementario y subsidiario del Ingreso Mínimo Vital . O sea, tiene prioridad y es obligación pedir antes el Ingreso Mínimo, la asistencia estatal de la Seguridad Popular. La cantidad de renta máxima que se permite a la unidad de convivencia es exactamente la misma que el importe de la asistencia de la PCI que se cobraría, según el cuadro previo.
Las Pensiones No Contributivas tienen su regulación en los productos 363 al 373 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. La persona solicitante, además de esto, deberá ser mayor de 25 años y menor de 65, con excepciones. Estar anotadas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, salvo esos integrantes de la unidad de convivencia que se encuentren imposibilitados según la normativa vigente en materia de empleo, o escolarizados en estudios reglados.
¿cuáles Son Los Requisitos Para Solicitar La Prestación Canaria De Inserción?
La no concesión en plazo del Ingreso Mínimo Vital por la Administración de la Seguridad Social no va a ser obstáculo a fin de que sea reconocida a exactamente la misma unidad de convivencia el derecho a la asistencia económica básica que le pudiera corresponder, quedando obligada la persona titular a reportar a su municipio una vez se haya resuelto la solicitud de dicha prestación estatal, a efectos de realizar, en su caso, las revisiones, modificaciones, deducciones o reintegros que procedan con relación al percibo de la ayuda económica básica. En todos y cada red social autónoma hay ayudas, llamadas salarios sociales o rentas de inserción, destinadas a las personas que no tienen medios ni capital para cubrir sus necesidades básicas. En este contexto, la prioridad absoluta, en estos momentos, en materia social radica en proteger y dar soporte a este colectivo de personas en situación de vulnerabilidad. A tal fin, se considera necesario la adopción, nuevamente, de esta medida de carácter extraordinario y urgente mediante el establecimiento de una prestación popular puntual de carácter finalista y extraordinaria para la adquisición de material de protección frente a la COVID-19, así como a cubrir otras pretensiones básicas relacionadas con esta patología, destinada a quienes perciban en Canarias estas posibilidades. Esta prestación excepcional será diferente de las del Sistema de la Seguridad Social y de las que logre dar la Administración General del Estado, y será coincidente con ellas.
ElGobierno de Canarias ha aprobado el día de hoy, jueves 29 de septiembre de 2022, en Consejo el decreto ley por el que se actualiza el importe del complemento por menor a cargo de laPrestación Canaria de Inserción , con lo que se incrementa la cuantía de las nóminas que reciben las familias beneficiarias de esa ayuda conmenores a cargo en 30 euros al mes, pasando de 50 euros recientes a los 80 euros por mes. En todas y cada una de las sociedades existen personas y grupos de población que carecen de medios de subsistencia para atender a pretensiones básicas y que se encuentran en situación de mayor desigualdad popular respecto a otras personas para hallar el ingreso a unos escenarios admisibles de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados escenciales. Con la finalidad, pues, de resguardar en la medida de lo posible los valores de pertenencia y la red de relaciones de vecindad, la presente norma contempla en la Disposición adicional segunda el realojo temporal de la gente perjudicadas en los términos municipales de Los Planos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Para esto, frente a la emergencia producida, para el realojo de personas y familias, se usarán viviendas prefabricadas con todas las garantías habitacionales, que se situarán en suelos de propiedad municipal de tales Ayuntamientos. Para ello, en los terrenos de titularidad pública capaces para el realojo, se suspende la ordenación sosprechada en los distintos instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, de aplicación en los terrenos donde se ubicarán las viviendas prefabricadas, durante el plazo máximo de siete años; de forma que el presente Decreto-ley protege todas y cada una de las actuaciones primordiales para el realojo, desde el criterio territorial y urbanístico.
Consecuentemente, la actuación de los poderes públicos en materia de servicios sociales persigue, entre otros objetivos, el de detectar y atender las situaciones de carencia de recursos básicos y de exclusión social, tanto de la gente como de los conjuntos, tal como de la comunidad generalmente, y al tiempo sus actuaciones tienen que orientarse para evitar el peligro de que se produzcan ocasiones de mayor necesidad social. Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción. El plazo máximo para solucionar la solicitud es de 4 meses desde la fecha de presentación. Transcurrido dicho período sin que se hubiera producido resolución expresa, la petición se entenderá estimada, salvo en la situacion de ayudas que corresponden a circunstancias excepcionales que se comprenderán denegadas. La PCI básica tendrá carácter subsidiario de las pensiones que pudieran corresponder a las pertenecientes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección popular (como el Ingreso Mínimo Vital) y quedará condicionada a que se acredite fehacientemente con carácter previo, tanto de haberlas solicitado, como de haberlas obtenido del organismo pertinente. Cabe la posibilidad de la modificación de la cuantía y de su renovación por el vencimiento del plazo de vigencia.
Por todo ello queda acreditada la concurrencia de fundamentos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas adoptadas en el presente Decreto-ley. La cuantía individual de esta prestación extraordinaria se fija en un importe equivalente a exactamente la misma cuantía de PCI que a la entrada en vigor de este Decreto-ley tenga conocida la unidad de convivencia, introduciendo el complemento por menor a cargo, y que se abonará mediante un pago único, que se realizará de oficio por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Variedad y Juventud del Gobierno de Canarias a la gente adjudicatarias a las que tiene relación el producto 15, sin que se precise solicitud de la persona interesada. Entendemos por ello que es necesario suplementar siquiera puntualmente las posibilidades que se perciben en término de PNC, FAS, SGIM y PCI para agrandar de manera excepcional y excepcional, si bien de forma no consolidable, la cobertura de las prestaciones sociales que vienen percibiendo hoy en día las unidades de convivencia residentes en Canarias por esos conceptos, así como singularmente para las entidades adjudicatarias de la PCI en los citados municipios de la isla de La Palma. Esto permitirá afrontar mejor la grave situación de pobreza severa que contamos en Canarias, ahora agravada como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y en el caso de aquella isla, por la catástrofe derivada de la erupción volcánica, lo que está suponiendo que numerosas personas sufran la pérdida de ingresos económicos a raíz de la paralización de la actividad económica y productiva derivada de nuestra pandemia, y de las crisis volcánica, respectivamente. Serán personas adjudicatarias de estas posibilidades sociales de carácter increíble las que tengan reconocida y perciban las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva , las del Fondo de asistencia popular y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos y que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2021, o a las que les sea reconocido con carácter retroactivo el derecho en esa fecha, y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ley 2/2015, De 9 De Febrero
Decreto ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, para hacer más ágil la gestión administrativa de las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la financiación de la administración municipal y se aprueba un suplemento económico a favor de las familias con personas menores a cargo. Preguntar aquí las obligaciones de las personas adjudicatarias. Estar empadronadas y residir legalmente, con una antelación mínima de un año a la fecha de la solicitud de la asistencia, en cualquier municipio de la Red social Autónoma de Canarias, salvo exenciones.Carecer de elementos económicos suficientes. Según expuso laConsejería de Derechos Sociales, la evolución de la economía, que sigue marcada por la crisis social y económica en este momento agravada con la guerra de Ucrania, así como el aumento de los costes de los modelos básicos, pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar la protección popular en esos hogares más atacables en los que existen menores. En este sentido apuntó que se ajusta a Canarias efectuar los refuerzos propios de las posibilidades autonómicas destinadas a las personas con pocos o ningún ingreso.
La utilización residencial asignado a las citadas parcelas, una vez finalizado el montaje de las viviendas prefabricadas, tendrá carácter temporal por un período máximo de siete años a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley y, en cualquier caso, hasta que finalice la fase de realojo temporal de las familias residentes en tales viviendas. Además de esto, tal como consagra el producto 47 de la Constitución De españa, todos y cada uno de los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, correspondiendo a los poderes públicos canarios, ex artículo 22 de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, asegurar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función popular, mediante un sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad. Tendrá carácter complementario, fabricadas las deducciones que corresponden, hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria de la prestación, respecto de los elementos de que dispongan sus miembros, así como de las prestaciones económicas a que tengan la posibilidad de tener derecho. Esta medida piensa que un total de4.504 familias beneficiarias de la PCI que tienen menores a cargo, según datos de septiembre, así como las familias que, a lo largo de este año y hasta la entrada en vigor de la ley que regulará la Renta Canaria de Ciudadanía pudieran darse de alta en el sistema, se van a ver favorecidas por eseincremento por mes desde el próximomes de octubre.
Presentación Lema Campaña Novedosa Canarias
A través de la Sede Electrónica, con clave Pin o/y Firma Electrónica, rellenando formulario de contacto, donde se pide la información. Mediante su Municipio, consultando a la trabajadora o trabajador social que haya gestionado la asistencia. El detalle de la normativa legal de cumplimiento de requisitos y las salvedades está explicado en la sección “mucho más información” de este link.
Demostrar la carencia de elementos económicos y no formar parte de centros en los que se cubran las necesidades básicas de la gente. Dado el carácter subsidiario de la prestación, su otorgamiento va a quedar condicionado a que la persona peticionaria y su unidad de convivencia que tenga derecho al percibo del Ingreso Mínimo Vital o de alguna de las posibilidades o pensiones mencionadas en el apartado previo, lo acredite fehacientemente con carácter previo, tanto de haberlas pedido, como en su caso, de haberlas obtenido del organismo correspondiente. El importe de la asistencia para solo una persona que no tenga ningún otro tipo de ingresos son unos 517 euros . La cuantía irá aumentando dependiendo del número de miembros que formen la unidad de convivencia y podrá ser inferior al mínimo correcto anteriormente en caso de recibir otros ingresos. El importe máximo de la asistencia son 722 Euros, para una unidad familiar de 6 o mucho más miembros. La cuantía y pago de la prestación citada se fija en 250 euros por unidad de convivencia, que se abonará a través de un pago único y se efectuará de trabajo por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Variedad y Juventud del Gobierno de Canarias a las entidades de convivencia adjudicatarias de la PCI.
Es decir, si conceden la ayuda el día 5 de junio, la parte pertinente a junio se cobra a lo largo de los primeros días del mes de julio, y de esta forma sucesivamente. En cualquier caso, según la situación, asimismo habrá que aportar documentos como el archivo de residencia legal, último recibo del impuesto sobre recursos inmuebles o resolución judicial de divorcio. Actualiza tus datos de pago para proseguir siendo colega de elDiario.es. El Decreto-ley se composición en una parte expositiva, quince productos estructurados en tres capítulos, 2 disposiciones auxiliares y siete disposiciones finales.